Aunque más del 90% de los chilenos reconoce que el comercio ilícito es dañino para el país, 1 de cada 3 personas admite haber comprado en el comercio ambulante en los últimos meses. Este es uno de los principales resultados de la nueva Encuesta Nacional sobre Comercio Ilícito y Contrabando 2025 de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), publicada este mes.
El estudio revela una contradicción profunda entre lo que las personas piensan y lo que finalmente hacen: aunque la mayoría condena el comercio informal, el contrabando y la piratería, un número importante de chilenos sigue optando por estos canales ilegales para comprar, las razones principales son los bajos precios y la facilidad con la que pueden acceder a los productos. Esta disonancia entre el rechazo al delito y la decisión de compra muestra que, muchas veces, la conveniencia pesa más que la legalidad.
Esta realidad pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto estamos dispuestos a ceder por una “oferta”? Porque si bien el ahorro parece inmediato, las consecuencias de comprar en el comercio ilegal nos afectan en el largo plazo.
Del ahorro inmediato al daño estructural
La encuesta confirma que la mayoría de las personas sí comprende el impacto negativo del comercio ilícito. Un 90% lo considera perjudicial para el país. Más aún:
- 59% lo vincula con delitos o crimen organizado.
- 72% asocia el contrabando con redes delictivas.
- 43% lo conecta directamente con el narcotráfico.
Es decir, el comercio ilegal se percibe como un problema real. Hoy se entiende como una actividad que evade impuestos clave, afecta la salud pública, perjudica al comercio formal y debilita el Estado de Derecho. Y sin embargo, el hábito de comprar en este canal persiste. Por eso, el foco ya no puede estar solo en castigar, sino también en educar y concientizar a la ciudadanía.
Como consumidores es un pilar fundamental que comprendamos que cada compra tiene un impacto: económico, social y legal.
La ciudadanía tiene un rol importante que jugar
Un dato esperanzador del estudio es que casi 9 de cada 10 personas cree que se deben tomar medidas para reducir el comercio informal. Y no solo a nivel del Estado: muchas de esas medidas tienen relación directa con nuestras decisiones como ciudadanos.
Las principales propuestas apoyadas por la ciudadanía incluyen:
- Mayor fiscalización e incautación de productos ilegales.
- Aplicación de sanciones a quienes venden y distribuyen.
- Un rol más activo por parte de las municipalidades, señaladas como actores clave en esta tarea.
Pero más allá de lo institucional, la ciudadanía también puede aportar desde lo cotidiano: preferir el comercio formal, exigir la boleta, evitar productos falsificados, reportar canales de venta ilegales a las autoridades e informarse sobre las consecuencias del contrabando.
Combatir el comercio ilegal no es solo una responsabilidad del Estado. También es una forma de participación ciudadana concreta. Porque detrás de cada producto sin regulación puede haber una red delictiva, una evasión millonaria o un daño directo a la salud pública.
El verdadero costo de una compra
Esta encuesta también evidencia una oportunidad: la ciudadanía está más informada y dispuesta a actuar. Pero falta un paso crucial: alinear nuestras acciones con nuestras convicciones. Pasar del “estoy en contra” al “yo no participo”.
Porque ya sabemos: lo barato cuesta caro. Ese “ahorro” financia redes delictivas, fomenta la informalidad y erosiona las bases de nuestro desarrollo como país.
Por eso, rechazar el contrabando y el comercio ilegal es una manera de proteger nuestro entorno, nuestra seguridad y nuestro futuro.
Fuente:
– Cámara Nacional de Comercio – Encuesta Nacional sobre Comercio Ilícito y Contrabando en Chile 2025
