Noviembre cerró con un golpe policial que revela una arista alarmante del contrabando de cigarrillos en Chile: la participación directa de un funcionario público dentro de una banda criminal.
El caso, ocurrido en la Región de Valparaíso, dejó 12 detenidos y permitió incautar más de un millón de cajetillas de cigarrillos ilegales, avaluadas en más de $3.000 millones. Según el fiscal a cargo, el grupo operaba con una estructura organizada, trasladando la carga desde el norte del país hacia Quillota, Región de Valparaíso, para luego distribuirla en comunas costeras y de la Región Metropolitana.
Entre los delitos imputados se cuentan cohecho, fraude al fisco, organización criminal y contrabando, lo que da cuenta de una red consolidada, con roles definidos y logística altamente planificada. Pero el detalle más preocupante fue la participación de un funcionario de Aduanas, quien habría omitido sistemáticamente la revisión de camiones, permitiendo el ingreso del cargamento sin fiscalización.
Durante el allanamiento se incautaron armas de fuego, dinero en efectivo, perfumes de lujo, joyas y otros bienes que no se condicen con el nivel de ingresos del funcionario, lo que permitió establecer su rol como pieza clave dentro del engranaje de la organización.
El contrabando se instala cuando hay espacio para operar
Este caso confirma algo que ya veníamos advirtiendo: el contrabando no solo avanza por la baja aplicación de penas o la falta de control, sino también porque constantemente busca nuevos espacios para operar. Cuando quienes tienen la responsabilidad de controlar son parte del problema, el delito se profesionaliza, se expande y se vuelve más difícil de frenar.
El contrabando de cigarrillos está lejos de ser un delito económico menor, genera pérdidas fiscales millonarias, afecta la salud pública y fortalece redes criminales que luego se vinculan a otros delitos como tráfico de armas, evasión tributaria o lavado de activos.
¿Qué podemos hacer como ciudadanía?
Frente a un problema tan estructural, puede parecer que nada depende de nosotros. Pero no es así. Cada decisión individual cuenta, especialmente cuando el crimen organizado se nutre del consumo cotidiano y de la normalización del comercio ilegal.
Estas son algunas formas en las que todos podemos poner nuestro granito de arena para cortar esta cadena:
- Preferir el comercio legal. Aunque a veces los precios sean más bajos, comprar productos ilegales sostiene redes criminales que perjudican al país entero.
- Informarse. Reconocer una cajetilla ilegal, entender cómo funciona el contrabando y saber a qué está asociado, es el primer paso para no ser parte del problema.
- Denunciar. Si sabes de puntos de venta o cargamentos sospechosos, puedes denunciar de forma anónima ante las autoridades competentes.
- Conversar. Hablar de este tema con familiares y amigos ayuda a desnormalizar el contrabando como algo «tolerado» o sin consecuencias.
Un cierre de año con una alerta clara
Cuando se presentan casos como este, la ciudadanía debe estar más atenta que nunca. El contrabando no solo roba recursos: debilita la confianza, financia estructuras criminales y desplaza al comercio que sí cumple las reglas.
No podemos permitir que se siga consolidando como una economía paralela. Combatirlo requiere acción institucional, pero también conciencia ciudadana. Porque cada producto ilegal que entra sin control, es una oportunidad más para que el crimen organizado crezca.
