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Monto de evasión por contrabando de cigarrillos se triplica desde 2015 y Gobierno estudiará cambio legal

Lunes 28 de enero de 2018.- La cantidad de cajetillas de cigarrillos incautadas por el fiscalizador creció desde 5.165.485 en 2015 a 14 millones el año pasado. Los ministerios del Interior y de Hacienda iniciarán conversaciones para combatir el flagelo.

Un número no despreciable de 14 millones 678 mil 697 cajetillas de cigarrillos por contrabando fueron incautadas por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) el año pasado. La cifra refleja un crecimiento de 284% respecto de lo incautado en el año 2015, cuando se detectaron 5.165.485 cajetillas ilegales.

De acuerdo a los datos, que fueron informados por Aduanas en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de una moción de diputados que endurece las penas por el contrabando de tabaco, el monto de la evasión controlada a raíz de los procedimientos de fiscalización subió 3,5 veces en los últimos tres años. En 2015, la evasión llegaba a US$ 18 millones, mientras que en 2018 escaló a US$ 64 millones. El perjuicio total por contrabando en los últimos años asciende a US$ 153 millones.

En la reforma tributaria de 2014 se redujo en 30% el impuesto ad valorem con que se gravaba el tabaco, pero se aumentó ocho veces el impuesto específico. La recaudación de ese tributo específico cayó 2,1% en 2018, entre otras razones, por el comercio ilegal.

La legislación vigente establece penas generales para el delito de contrabando y fraude aduanero, que implica multa de una a cinco veces el valor de la mercancía objeto del delito, o con presidio menor en sus grados mínimo a medio o con ambas penas a la vez, si ese valor excede de 25 UTM.

El proyecto de ley de los parlamentarios Paulina Núñez y Ramón Galleguillos pretende endurecer las penas y que ahora el contrabando por tabaco —al ser calificado como un delito específico— sea castigado con prisión efectiva. Es así como la iniciativa propone que la sanción podría llegar a cinco años de presidio si el monto del contrabando es mayor a 25 UTM, además de una multa de una a cinco veces el valor de la mercancía objeto de la infracción.

Al analizar legislación comparada, en México las penas por contrabando van desde tres meses a cinco años. En Argentina, la sanción más gravosa puede llegar a ocho años de prisión. El castigo más duro existe en Guatemala, donde los autores del delito pueden ser encarcelados hasta 10 años.

Aduanas planteó a la Cámara de Diputados que el servicio comparte el objetivo del proyecto de ley de los diputados, ‘en cuanto a aplicar respecto de estas mercancías, penas corporales en todos los casos, sin distinguir montos o reincidencia, más la pena de multa’.

No obstante, advierte que existen otros aspectos que deben ser estudiados con mayor profundidad antes de emitir una opinión definitiva. ‘Específicamente se trata de las materias relativas a: las penas asociadas al contrabando de mercancía afecta la tributación especial o adicional; la reincidencia; la concurrencia de circunstancias atenuantes; la renuncia a la acción penal, y la clasificación arancelaria del tabaco’.

La visión del Gobierno
La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados envió un oficio el pasado 9 de enero al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que evaluara la presentación de un proyecto de ley que se haga cargo de las problemáticas asociadas al contrabando de cigarrillos.

En una respuesta enviada el 17 de enero a la instancia legislativa especializada, María Eugenia Silva, jefa de gabinete del titular de Interior, Andrés Chadwick, señaló que ‘consciente de los efectos negativos que produce el contrabando desde la perspectiva fiscal y del orden público, (Interior) iniciará conversaciones con el Ministerio de Hacienda con miras a estudiar enmiendas normativas, tanto legales como administrativas, con el objeto de hacer frente a este flagelo’.

No obstante, Interior planteó que también se hace necesario que avance en su discusión legislativa la iniciativa de los parlamentarios que endurece las penas por contrabando de cigarrillos.

 

Fuente: El Mercurio