Miércoles 28.12,2022.- Las fiscalías de Chile y Bolivia acaban de firmar un acuerdo de cooperación para perseguir delitos en ambos lados de la frontera.
Luego de años de desconfianza mutua y acusaciones cruzadas, las fiscalías de Chile y Bolivia suscribieron la semana pasada un inédito acuerdo de cooperación para crear el primer Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para enfrentar coordinadamente el crimen organizado en ambos lados de la frontera.
Se trata de una iniciativa que involucra a fiscales, policías y autoridades de ambos países, y que buscará aunar esfuerzos para investigar delitos como el tráfico de drogas y de personas, así como el contrabando de especies robadas, que involucran a bandas transnacionales que han mostrado una creciente actividad en la región en los últimos años.
‘Para mí (el ECI) se trata de un hito en la cooperación internacional de Chile y Bolivia, es uno de los acontecimientos más importantes en los últimos 20 años, porque no solo implica combatir el crimen organizado, sino que implica que los gobiernos de turno puedan sentarse a conversar y dejar de lado todas las desconfianzas que han existido históricamente’, valoró Valeska Troncoso, co-coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (Cecot). ‘Es darse cuenta que ninguno de estos problemas vinculados al crimen organizado lo pueden solucionar de manera independiente’, agregó la investigadora, que se ha especializado en la situación de criminalidad en la triple frontera entre Chile, Bolivia y Perú, ‘que ha aumentado exponencialmente desde 2006, mucho más allá de lo que se dimensiona actualmente, en que apenas se está descubriendo la punta del iceberg’.
Según Troncoso, de sus entrevistas con las fiscalías tanto de Chile y Bolivia se puede concluir que la organización criminal transnacional ‘más recurrente’ en las actividades del narcotráfico entre ambos países es el Tren de Aragua, que también se vincula con otros delitos conexos como la trata de personas. Pero no se puede descartar totalmente que ya operen a través de esta vía otros carteles como el brasileño Primer Comando Capital (PCC), que ya tiene una fuerte presencia en la región oriental boliviana de Santa Cruz. ‘Hacia la frontera chilena no ha habido reportes oficiales del PCC (…), pero por eso estas actividades en conjunto de estos equipos de investigación son necesarios, porque estas organizaciones criminales son altamente adaptativas, y no les costaría mucho atravesar el país tomando en cuenta la baja presencia estatal en Bolivia’, añadió la experta.
Bolivia ha sufrido en los últimos años un fuerte cambio de estatus en varios negocios ilícitos, especialmente el del narcotráfico. De ser el tercer mayor productor de hoja de coca —que tiene un mercado legal de consumo tradicional— y un sitio de paso de la cocaína peruana y colombiana hacia Brasil, Argentina y Paraguay, los expertos señalan que se han multiplicado los laboratorios locales para sintetizar drogas y se ha convertido en un productor de cocaína cada vez más importante.
Según Insight Crime, se estima que entre el 27% y el 40% de los cultivos de coca irían destinados para la fabricación de estupefacientes, aunque algunos apuntan a que se trata de un cálculo muy conservador. Su posición geográfica, justo en medio de productores y consumidores de drogas en Sudamérica, así como sus fronteras porosas y la debilidad de sus instituciones, ha provocado la proliferación del tráfico a través de narcovuelos en pistas clandestinas, por rutas hídricas hacia el Atlántico o en cargamentos derivados por puertos chilenos.
Varias de las grandes organizaciones del crimen organizado transnacional ya están en Bolivia. En Santa Cruz, además del PCC estarían activos sus grandes enemigos del Comando Vermelho (CV), lo que ya ha desencadenado varios episodios violentos en esa región. También se cree que tienen operaciones en el país bandas colombianas como Los Urabeños y Los Rastrojos, que se asocian con pequeños clanes locales, y se ha detectado la presencia de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La corrupción asociada a estas mafias también es parte del paisaje, con casos notorios como el del exgeneral René Sanabria, quien fuese zar antidrogas de Bolivia y terminó enjuiciado en EE.UU. por dirigir una red de tráfico de cocaína; o el del ex coronel Maximiliano Dávila, exjefe antidroga, por quien Washington ofrece actualmente una recompensa de US$ 5 millones por información que permita condenarlo por ofrecer protección armada a bandas del crimen organizado.
Además del narcotráfico, en Bolivia las organizaciones transnacionales del crimen también estarían vinculadas en delitos como la millonaria minería ilegal de oro en la cuenca amazónica; la trata de personas —incluyendo menores de edad— y el contrabando de especies, que van desde el combustible, productos falsificados y animales exóticos con Perú, hasta automóviles robados, este último, especialmente a través de la frontera chilena. Se estima que en Bolivia hay entre 200.000 y 500.000 vehículos ‘chutos’, que han sido sustraídos, clonados o comprados ilegalmente en Chile, algunos de ellos —se sospecha— pagados con droga.
¿Permisividad?
Aunque oficialmente el gobierno boliviano ha creado divisiones policiales para perseguir específicamente este tipo de delitos, e incluso existe la figura del viceministro de Lucha contra el Contrabando, la sensación entre muchos bolivianos es que existe una mezcla de permisividad con estos actores ilegales e incapacidad del Estado para enfrentar estos flagelos. O incluso cierta actitud de negación de que el crimen organizado opere en el país.
‘La percepción ciudadana es que hay permanentemente indicios, señales preocupantes, muertes sospechosas, ajustes de cuentas, sobre todo en toda la franja amazónica. Y que el gobierno no tiene acciones contundentes, no tiene respuestas claras, y siempre niega que existan estas bandas. Tiene esa actitud de hacer como que no pasa nada’, dijo el analista político Carlos Cordero.
Según este profesor de la Universidad Católica Boliviana, sobre todo en el caso del contrabando existiría una actitud de cierta tolerancia por parte del gobierno, que se ha visto reflejada en las amnistías que el expresidente Evo Morales decretó y que beneficiaron a miles de propietarios de autos ‘chutos’ o indocumentados. ‘Se termina tolerando el negocio ilegal. Algunos economistas sostienen incluso que la estabilidad de la economía boliviana se debe en gran medida a esta informalidad y al contrabando’, afirmó.
‘Ha habido muchas declaraciones cruzadas entre Bolivia y Chile, principalmente por la poca cooperación del gobierno boliviano en los últimos 20 años para poder detener el ingreso de autos. Y hubo un momento en el cual el problema se trató de solucionar vía la legalización de la ilegalidad. Y eso es uno de los grandes peligros que corren los Estados, cuando se normaliza la ilegalidad’, señaló Troncoso, quien esa línea, valora el reciente acuerdo entre las fiscalías de ambos países. ‘Hasta ahora han sido bastante débiles las respuestas de los estados. Muy débiles, considerando que no ha habido cooperación entre ambos países para poder combatir el crimen organizado y, más bien, se han lanzado acusaciones cruzadas. Pero estas acusaciones no sirven, necesitamos acciones concretas’, remarcó.
Fuente: El Mercurio https://digital.elmercurio.com/2023/01/04/A
